Un accidente laboral exige actuar con rapidez, pero también siguiendo un procedimiento definido. Atender al trabajador es la prioridad inmediata, aunque la responsabilidad de la empresa no termina ahí. Comunicar el suceso, investigarlo y revisar las medidas preventivas son pasos esenciales para evitar nuevos incidentes y cumplir con las obligaciones en materia de prevención.
La primera actuación: proteger y atender al trabajador
Ante un accidente, los primeros minutos pueden resultar decisivos. La actuación debe ajustarse a la gravedad de las lesiones y al protocolo establecido previamente por la organización.
El principio PAS —proteger, avisar y socorrer— constituye una referencia básica. Primero hay que evitar que el accidente genere nuevas víctimas, después solicitar asistencia y, finalmente, atender al trabajador sin realizar maniobras para las que no se disponga de formación.
En situaciones graves debe contactarse con los servicios de emergencia a través del 112. En otros casos puede intervenir la mutua colaboradora con la Seguridad Social correspondiente a la empresa.
También es importante preservar la zona cuando resulte posible. Modificar maquinaria, retirar protecciones o alterar el escenario puede dificultar posteriormente la investigación de las causas.
Si el accidente es grave, muy grave o mortal, o afecta a más de cuatro trabajadores, la empresa tiene obligaciones específicas de comunicación urgente a la autoridad laboral. Con carácter general, estos accidentes deben comunicarse en un máximo de 24 horas, independientemente de la posterior tramitación ordinaria del parte.
Comunicar y registrar correctamente el accidente laboral
Una vez atendida la emergencia comienza una fase administrativa que no debe considerarse un simple trámite. Documentar correctamente lo ocurrido permite conocer las circunstancias del accidente y acreditar las actuaciones realizadas.
Cuando existe baja médica, la empresa debe tramitar el correspondiente parte de accidente de trabajo mediante el sistema Delt@, utilizado para la declaración electrónica de accidentes laborales.
Con carácter general, el parte debe remitirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en la que se produjo el accidente o desde la fecha de la baja médica, según corresponda.
Los accidentes que no ocasionan baja tampoco deben ignorarse. La empresa debe mantener la relación de accidentes sin baja y realizar las comunicaciones previstas para estos supuestos.
La información registrada debe ser precisa: lugar, fecha y hora, puesto desempeñado, tarea que estaba realizando el empleado, lesión producida, agente material relacionado y circunstancias en las que ocurrió.
Además, la empresa debe conservar la documentación relativa a los accidentes y daños sufridos por los trabajadores durante su actividad profesional.
Investigar las causas para evitar que vuelva a ocurrir
Comunicar un accidente no resuelve el problema preventivo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empresario a investigar cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores con el objetivo de detectar sus causas.
Una investigación eficaz no debería limitarse a determinar quién cometió un error. Es necesario analizar por qué ese error pudo desembocar en un accidente.
Puede existir una combinación de factores: una protección retirada, mantenimiento insuficiente, formación deficiente, señalización inadecuada, falta de iluminación, procedimientos incorrectos, prisas, ausencia de supervisión o una evaluación de riesgos que no contemplaba adecuadamente determinada situación.
La empresa deberá revisar la evaluación de riesgos cuando el accidente evidencie que las medidas existentes pueden resultar insuficientes.
A partir de ahí pueden implantarse medidas correctoras: instalar nuevas protecciones colectivas, modificar procedimientos, sustituir equipos, mejorar la señalización, proporcionar otros EPI o impartir formación adicional.
Las responsabilidades para la empresa pueden ser importantes
Un accidente laboral no implica automáticamente que exista responsabilidad empresarial. Sin embargo, si se demuestra un incumplimiento de las obligaciones preventivas, las consecuencias pueden ir mucho más allá de una sanción administrativa.
La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social contempla infracciones en materia preventiva que pueden clasificarse como leves, graves o muy graves, con multas cuya cuantía aumenta en función de la gravedad y otras circunstancias.
Además, cuando un accidente ocurre por falta de medidas de seguridad, las prestaciones económicas de la Seguridad Social pueden incrementarse mediante un recargo de entre el 30% y el 50%. Este coste recae directamente sobre el empresario responsable.
Dependiendo de las circunstancias también pueden existir responsabilidades civiles e incluso penales.
Por eso, la gestión posterior al accidente debe servir para algo más que completar documentación. Investigar qué sucedió, corregir las deficiencias detectadas y comprobar posteriormente que las medidas funcionan permite convertir el incidente en información preventiva útil.